El propósito de esta investigación fue resolver la situación problemática observada en empresas formales obligadas por el sistema de detracciones a actuar como recaudadoras y ser responsables de depositar, sólo en el banco de la Nación, los montos detraídos, los cuales pueden ser incautados como recaudación fiscal si se detecta algún incumplimiento lo que acarrea más de una sansición por un mismo hecho. Para ello, se identificó que el problema principal era la relación del sistema de detracciones del IGV con los principios constitucionales, estableciéndose como objetivodeterminar el alcance de esa relación, de allí que la hipótesis planteada fuera que el sistema de detracciones del IGV vulnera los principios constitucionales previstos en la constitución del Perú de 1993.